La Plataforma del Tercer Sector de Madrid inicia una ronda de diálogo con grupos parlamentarios y agentes sociales sobre la futura Ley de Servicios Sociales

La Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una agenda de diálogo e incidencia institucional para trasladar a los principales actores políticos, sociales y económicos su posicionamiento y sus propuestas de mejora al Anteproyecto de Ley de Calidad y Libre Elección de los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.
La primera ronda de encuentros comenzará este mismo mes de julio y contemplará reuniones con los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, organizaciones del Tercer Sector, sindicatos, colegios profesionales, empresas y otros agentes sociales, con el propósito de contribuir al proceso de tramitación del anteproyecto desde el diálogo, el consenso y la participación activa de quienes conocen de primera mano la realidad de las personas en situación de vulnerabilidad.
La Plataforma considera que el debate abierto en torno al anteproyecto representa una oportunidad para seguir mejorando el Sistema Público de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. No obstante, entiende que el texto requiere incorporar mayores garantías para que la libre elección pueda ejercerse de forma real y efectiva, en condiciones de igualdad, equidad y accesibilidad, preservando al mismo tiempo el carácter público del sistema y el papel diferencial que desempeñan las entidades sociales sin ánimo de lucro.
Entre las principales propuestas recogidas en el documento de posicionamiento aprobado por la Plataforma destacan: el refuerzo de la participación del Tercer Sector durante la tramitación y el desarrollo de la norma; la garantía de una financiación pública suficiente y estable; la protección del modelo de concierto social; la defensa de la equidad territorial en el acceso a los servicios; el reconocimiento del valor añadido de las entidades sociales sin ánimo de lucro; y la necesidad de evitar que la incorporación de criterios de rentabilidad económica pueda condicionar la garantía de los derechos sociales.

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