Carta firmada por la Red de ONGD junto con otras organizaciones sociales.
A la atención de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y las Diputadas:
Ante la urgencia de orientar nuestro tejido económico hacia una transición socioecológica justa, la sociedad civil organizada remite esta carta al Congreso de los Diputados.
El motivo de la carta es mostrar nuestra preocupación ante la ausencia de transparencia y de criterios sociales y ambientales en el elevado presupuesto público comprometido por el Gobierno para respaldar la actividad económica de grandes empresas; nos parece lamentable el hecho de que la enmienda pactada entre diversos grupos parlamentarios que incluía algunos de estos criterios en el dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso, fuera finalmente rechazada.
A su vez, exponemos una serie de propuestas adicionales concretas y viables en el corto plazo para una reconstrucción económica que revierta la creciente desigualdad y frene la crisis ecológica.
En la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica ya se ha planteado la incorporación de condiciones socioecológicas en las ayudas y préstamos del Estado a las empresas por parte de diversas organizaciones. El 1 de julio, la enmienda de Más País-EQUO, apoyada por PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu, JuntsxCat, BNG y Compromís en el grupo de trabajo de reactivación económica, proponía que las empresas apoyadas o rescatadas no pudieran tener filiales en paraísos fiscales, tuvieran que cumplir con el acuerdo climático de París, se comprometieran con la protección de la biodiversidad, cerraran la brecha salarial entre hombres y mujeres y no pagaran dividendos durante al menos dos años.
Finalmente, ni se han tenido en cuenta las propuestas enviadas por las organizaciones sociales ni se ha incorporado la citada enmienda. A pesar de haber sido aprobada en el grupo de trabajo, una transaccional pactada entre el PSOE y Ciudadanos la retiró poco después. Consideramos que estas decisiones son tremendamente erróneas y deben ser subsanadas antes de que se celebre el pleno del Congreso donde se aprobarán definitivamente las enmiendas a las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción.
La incorporación de condiciones socioecológicas en el respaldo financiero del Estado a las empresas es urgente y necesaria. Se ha observado que los avales, garantías y compra de deuda realizados hasta ahora se han caracterizado por:
- Falta de transparenciay difícil escrutinio, enmarcados en una falta general de gestión democrática de la crisis de la Covid-19.
- Apoyo a grandes empresas, principalmente, muchas de ellas con historiales controvertidos en relación a impactos ecológicos, climáticos, sociales y de género, entre otros.
- El papel central de los bancos privados y el sistema financiero como intermediarios en la gestión de la crisis. Los créditos avalados son gestionados por estas entidades que toman la decisión sobre quién recibe ayudas bajo criterios financieros.
- Falta de criterios sociales, ambientales y climáticos pero también falta de criterios de finanzas justas (dividendos, paraísos fiscales) y economía justa (reestructuración, despidos, etc.).
- Los planes de recuperación se basan en endeudamiento (préstamos y avales), que supone un riesgo para el Estado y que, por la elevada tasa de morosidad que se prevé, implicará cuantiosas pérdidas para las arcas públicas. Por ello, entendemos que el papel del Estado en las empresas que apoye ha de ser mucho más relevante que el que ha desempeñado, por ejemplo el Instituto de Crédito Oficial (ICO), hasta ahora.
Frente a esta situación de ausencia de criterios se pueden poner en marcha un conjunto de medidas en el corto plazo que las subsanen y que orienten el apoyo financiero del Estado hacia empresas y actividades que contribuyan a frenar la crisis social, económica, ecológica y climática y a mejorar las condiciones de vida de las mayorías sociales. En este sentido, aportamos a continuación criterios de elegibilidad, condicionalidad de las ayudas y mejora de la transparencia y buena gobernanza para su incorporación en la gestión de avales, compra de deuda, garantías, líneas de crédito y otros instrumentos por parte del Estado.
DESCARGA AQUÍ LA CARTA CON NUESTRAS DEMANDAS.
Puedes ver aquí el listado de organizaciones firmantes.