Manifiesto de la Red de Coordinadoras Autonómicas en defensa de la cooperación descentralizada para el desarrollo

Nos encontramos ante uno de los mayores desafíos recientes como sociedad. En los últimos meses, nuestro mundo ha experimentado un cambio sin precedentes. La pandemia de la COVID19 ha hecho tambalear los cimientos de nuestro sistema y ha evidenciado las debilidades y contradicciones ya existentes.

Las políticas de austeridad de las últimas décadas, impuestas por las condiciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, han dejado unos sistemas de salud, de protección social y de garantía de derechos económicos con un andamiaje extremadamente débil en todo el mundo. Las consecuencias se han sufrido de forma desproporcionada por las personas en situación de mayor vulnerabilidad y discriminación en todo el mundo.

Más allá de la pandemia, como recientemente decía Deloitte, el coronavirus ha asestado un golpe duro a la economía a nivel global y sus consecuencias se vislumbran en tres sentidos:
impacto directo sobre los volúmenes de producción a nivel global; disrupciones y trastornos de las cadenas de suministro y distribución; e impacto financiero en las empresas y los mercados de valores. Esto supone enfrentarnos a una crisis de enormes dimensiones que tiene, y tendrá, repercusiones sociales, económicas y políticas a nivel mundial.

Indiscutiblemente, esta situación puede llegar a ser catastrófica en los países empobrecidos. Como alertaba el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “sin el apoyo de la comunidad internacional corremos el riesgo de un retroceso masivo de los logros conseguidos en el desarrollo de las últimas décadas tanto en vidas como en derechos básicos, oportunidades y dignidad”. La propia ONU estima que podría aumentar la pobreza extrema por primera vez desde los años noventa. Más de 500 millones de personas más pasarían a vivir en situación de pobreza, y que si no hacemos nada se podría duplicar el número de personas que pasan hambre en el mundo.

Es en estos momentos cuando la cooperación para el desarrollo es más necesaria que nunca.

Además de ser un compromiso ético, es una cuestión de justicia y de capacidad de decisión. La cooperación internacional es imprescindible para impulsar la protección social en los países más empobrecidos que no pueden ofrecer a las personas en situación de mayor vulnerabilidad y discriminación la garantía de cumplir con los derechos fundamentales como la sanidad, la educación básica, el agua y saneamiento o el apoyo a la soberanía alimentaria, entre otros.

Todo esfuerzo que se haga por salir de este atolladero colectivo será en balde si no se contempla el plano internacional. Si algo ha demostrado la pandemia es que estamos interconectados, que los problemas son comunes y comunes deben ser las soluciones. En este sentido, la Agenda 2030 es un marco de referencia ineludible por dos razones: por un lado, apuesta por respuestas intersectoriales a problemas complejos; por otro, defiende la cooperación internacional para la solución de problemas que nos son comunes.

Los gobiernos, ya sean locales, autonómicos o estatales están decidiendo en los presupuestos sobre nuestros impuestos como ciudadanía y, por ello, nuestra opinión debe ser tenida en cuenta. La participación de la ciudadanía es una sana muestra de la calidad democrática. Por ende, pedimos a nuestras administraciones públicas que pongan en marcha las siguientes medidas:

 

  1. Reafirmar el compromiso con la política de cooperación. Pedimos aumentar progresivamente los porcentajes que se destinan para AOD en los ámbitos autonómicos y locales para encaminarse a cumplir con el compromiso del 0,7% del presupuesto total consolidado.
  2. Mantener las partidas destinadas a proyectos de cooperación internacional, ayuda humanitaria y de educación para la ciudadanía global en los presupuestos de 2021 en todas las administraciones, autonómicas y locales. Debe prestarse especial atención a aquellos proyectos que dan cobertura a servicios esenciales (conflictos, campos de población refugiada, escenarios post desastre natural, zonas de tránsito migratorio, con especial atención a las mujeres, medios de vida, estabilidad, derechos sexuales y reproductivos, protección ante las violencias, autonomía y a la infancia, etc.).
  3. Publicar y resolver cuanto antes las convocatorias pendientes en aquellos territorios en los que aún no se hayan publicado y/o resuelto, previstas para el año 2020. Las
    administraciones tienen que acelerar estos procesos para que las ONGD, y otros agentes de la cooperación y sobre todo nuestras socias locales, puedan seguir trabajando y atendiendo a las personas más vulnerables ahora cuando es más necesario. Igualmente, las administraciones han de considerar la excepcionalidad de la situación y flexibilizar los criterios para las modificaciones y/o ampliaciones necesarias en la ejecución de los proyectos que están en marcha en estos momentos.

 

 

 

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