El Congreso aprueba la “Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global” con un apoyo de casi el 90%.
La Red ha estado en el Congreso de Diputados celebrando la aprobación definitiva de la nueva Ley de Cooperación Española. Una ley que ha tenido un largo recorrido. Desde que al inicio de la legislatura las ONGD reclamos que se reconociera la política de cooperación como una política esencial para alcanzar el desarrollo sostenible y la justicia global desde un enfoque feminista, ecologista y de derechos humanos. Nuestra propuesta identificaba seis grandes retos globales a los que nos debemos enfrentar:
- La pobreza y las crisis alimentarias.
- Las amenazas a nuevas pandemias mundiales.
- La emergencia ecológica y climática.
- El incremento constante de la desigualdad, entre países y dentro de cada país.
- Los desplazamientos humanos forzosos.
- El deterioro de la democracia.
Par enfrentar estos retos la cooperación española debía construirse sobre tres pilares fundamentales: un refuerzo institucional, un presupuesto previsible y creciente con el compromiso de alcanzar el 0,7%, y la participación de la sociedad civil.
Y podemos decir con alegría que estas reivindicaciones se han recogido en la nueva Ley de Cooperación que además incluye avances importantes entre los que queremos destacar:
- Su alineación con la Agenda 2030, un mandato internacional por el desarrollo sostenible.
- El compromiso para un incremento progresivo de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) hasta alcanzar al menos el 0,7% en 2030, como marca la Agenda 2030.
- Un refuerzo del marco institucional, que incluye la reforma de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la revisión de las herramientas de seguimiento y evaluación de las políticas de intervenciones de cooperación.
- La inclusión de los enfoques feministas y ecologistas en sus acciones.
- La puesta en valor de las dos grandes olvidadas de los sistemas de cooperación: la Ayuda Humanitaria, para la que compromete al menos un 10% de su presupuesto, y la Educación para la Ciudadanía Global, clave para construir ciudadanía critica y comprometida por un cambio social.
- El reconocimiento de la cooperación descentralizada, tan recortada discutida en los últimos años, especialmente la cooperación municipal.
- La participación de la sociedad civil como actor fundamental de la cooperación.
- La referencia a una mayor consideración de la figura de la cooperante.
¿Qué implicaciones tiene la aprobación de esta Ley para la cooperación madrileña?
Las ONGD madrileñas también llevamos tiempo reivindicando una revisión en profundidad del sistema de cooperación madrileña, en especial de su Ley de Cooperación, que también data de 1999, y esta nueva Ley estatal nos proporciona un marco de referencia esencial para incorporar la nueva visión de la cooperación. Una cooperación basada más en garantizar derechos que en atender necesidades, más en al compromiso integral de todos los países en alcanzar un desarrollo sostenible, que en la ayuda de unos países a otros para alcanzar un desarrollo medido solo en términos económicos.
La Ley estatal fija también el compromiso de un incremento progresivo de las partidas de cooperación hasta alcanzar al menos el 0,7% en el año 2030. Eso señala un rumbo importante para una cooperación autonómica que se mueve en los últimos años en torno al 0,02% de su presupuesto y que para el año 2024 se marca alcanzar tan solo 5.500.000€ de un presupuesto regional al alza.
Hay también en la Ley estatal un compromiso por el reconocimiento institucional de las políticas de cooperación, que no solo reconoce que la cooperación ente países es esencial para la política exterior, sino que se compromete a su refuerzo institucional, algo del que deberá tomar en cuenta la administración autonómica que ha relegado la cooperación al olvido en el organigrama de su administración. Así mismo, ha eliminado órganos importantes para un sistema de cooperación como la Comisión Regional de Cooperación para el Desarrollo, que debía coordinar a las administraciones madrileñas en temas de cooperación, o la Agencia de cooperación, que una vez estuvieron activos.
Afortunadamente, y gracias a la iniciativa de la Red de ONGD, el Consejo de Cooperación que también fue eliminado, finalmente fue repuesto y tiene previsto poner en marcha un grupo de trabajo que precisamente se encargará de revisar la Ley madrileña de cooperación.
Esperamos que esta Ley estatal de cooperación impulse la recuperación de la cooperación local de los municipios madrileños que, desde la crisis de 2008, muy pocos mantienen y que nunca han recuperado la importancia que en su día tuvo. Solo el Ayuntamiento e Madrid ha recobrado de una manera significativa las políticas de cooperación, con un presupuesto actual de cerca de 10.000.000€, un 0,2% d su presupuesto, que gestiona la concejalía delegada de cooperación e internacionalización, y con una espacio de participación ciudadana activo, como el Foro Madrid Solidaria.
Aún queda mucho que hacer en la cooperación madrileña, no obstante, ahora contamos con una gran espejo en el que mirarnos para recuperar, mejorar y revisar nuestro sistema madrileño se cooperación.