La futura Ley de Cooperación obligará al 0,7% a todas las administraciones públicas en 2030

  • El anteproyecto presentado por el Ministerio de Exteriores ha sido aprobado este martes en Consejo de Ministros y obligará por ley, no sólo al Gobierno central, sino a los de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, el cumplimiento de este acuerdo.

  • La futura norma actualiza la actual, vigente desde 1997, y está alineada con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los acuerdos de cambio climático de París y otros instrumentos internacionales.

  • El anteproyecto presentado por el Gobierno es una pieza más de un amplio proceso que debe ser aprobado con el mayor consenso posible. La discusión que se realizará los próximos meses en el Congreso será una buena oportunidad para concretar la propuesta y garantizar que la cooperación sea una política de Estado que esté a la altura de los desafíos globales.

 

 

El texto de la futura ley de Cooperación reconoce la cooperación descentralizada que llevan a cabo comunidades autónomas y entes locales como parte de la «acción Exterior del Estado» y se basa en los principios de unidad de acción en el exterior, lealtad institucional, cooperación y coordinación entre administraciones.

Y para ello, Exteriores reforma toda la gobernanza del sistema estatal de cooperación y crea una nueva arquitectura «que mejora la coordinación y eficacia del sistema». Uno de los puntos más importantes es la creación de un foro de concertación con las comunidades autónomas y entidades locales, que realizan la cooperación descentralizada: la Conferencia Sectorial para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, un «espacio de coordinación, diálogo, concertación y colaboración con la cooperación descentralizada».

Entre sus funciones estará la de ser informada de los proyectos de ley y reglamentos, asegurar su participación en la elaboración del plan director de cooperación (el próximo abarcará el periodo 2022-2025) y de los restantes instrumentos de planificación, propiciar el intercambio de información y promover la armonización de procedimientos.

La conferencia es uno de los tres órganos de coordinación. Los dos restantes son el Consejo Superior de la Cooperación, presidido por el ministro de Exteriores y del que formará parte el presidente de la Coordinadora Española de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), y la comisión Interministerial a la que acudirán los secretarios de Estado. El actual Fondo de Promoción del Desarrollo (FONPRODE) se sustituirá por el nuevo Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES), para hacerlo más ágil y eficaz en la coordinación entre ministerios.

La futura ley apuesta por cumplir con el 0,7% en 2030 y destinar el 10% a la acción humanitaria, lo que es un paso positivo que responde a los compromisos asumidos históricamente. También es muy positivo que los objetivos que contempla estén ligados a la lucha contra la pobreza y la desigualdad desde un enfoque de derechos humanos y medioambiental.

La ley prevé que la AECID, principal instrumento de la cooperación española, disponga de un nuevo estatuto y que su personal tenga “derecho a una carrera profesional con oportunidades de movilidad entre territorio español y exterior”. El refuerzo de la AECID es una buena noticia para el buen funcionamiento del sistema de cooperación.

 

 

 

 

 

 

 

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