“El derecho humano a la salud y las tarjetas opacas de Caja Madrid”

publicado en: 2014, Histórico | 0

Si alguien lo priva a usted injustamente de su libertad, o si le impiden circular por el territorio de este país, o si invaden su intimidad, o si le impiden emitir sus opiniones o tener unas determinadas creencias religiosas o reunirse pacíficamente con otras personas o contraer matrimonio y formar una familia, usted tiene no sólo la posibilidad sino el derecho de reclamar ante los tribunales que le sean respetadas estas libertades, que son derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

Cada 10 de diciembre celebramos el Día Mundial de los Derechos Humanos y mucha gente tiende a asimilarlos con los derechos civiles y políticos. Sin embargo existen otros derechos tan humanos, tan universales, tan inviolables y tan inalienables como los anteriores, que no tienen esos niveles de protección. Son los derechos económicos, sociales y culturales, recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

Este pacto establece con carácter general un criterio de realización progresiva de estos derechos, de manera que los Estados firmantes asumieron solamente un compromiso de ir incrementando progresivamente su efectividad, debiendo tener una trayectoria activa en la adopción de medidas y teniendo como límite la disponibilidad de recursos. Y ello porque se entendía que la garantía de estos derechos  supondría la inversión de cuantiosos recursos. Por ello, la cooperación internacional es muy importante para avanzar en la realización de estos derechos en aquellos países que tienen más dificultades para hacerlo por sí mismos.

El derecho a la salud es uno de estos derechos económicos, sociales y culturales, derechos de segunda generación, derechos débilmente protegidos. Paradójicamente, si no se garantizan algunos de estos derechos “de segunda categoría” (como la salud, la alimentación, el agua…) difícilmente se van a poder ejercer los otros derechos; ni siquiera el derecho a la vida queda garantizado. Esto nos confirma ese principio de interdependencia e interrelación que tienen todos los derechos humanos.

La cooperación internacional colabora en el avance progresivo de muchos de estos derechos: educación, salud, alimentación, agua y saneamiento, vivienda, etc. En el ámbito de la cooperación española, la cooperación de las Comunidades Autónomas y de los Entes Locales, que recibió un gran impulso hace 20 años con las movilizaciones ciudadanas por el 0’7, ha sido desde entonces una parte importante de nuestra cooperación, especialmente relevante en temas como la salud y la educación, que son competencias transferidas a las Comunidades Autónomas, en las que éstas pueden aportar no solo recursos sino también conocimiento y experiencia.

En cuatro años (de 2009 a 2013) los fondos de cooperación de las Comunidades Autónomas se han reducido casi un 70 %, y en el mismo período, la parte correspondiente a la Comunidad de Madrid se ha reducido en más del 96 %. Si nos fijamos concretamente en el ámbito de la salud, vemos que el conjunto de las Comunidades Autónomas redujeron su aporte a la mitad, es decir, la reducción ha sido menor en la cooperación autonómica en salud que en el total, e incluso en 2013 ha habido un incremento respecto a los dos años anteriores. Sin embargo, la aportación de la Comunidad de Madrid al sector salud, después de haberse reducido en años anteriores, en 2013 sencillamente ha desaparecido.

Simplemente con que se hubiera destinado a la cooperación madrileña en el sector salud los fondos gastados a través de las “tarjetas opacas” de Caja Madrid se podrían haber financiado proyectos de salud durante un cuatrienio al mismo nivel de los mejores años de la cooperación madrileña.

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